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Por: AI 

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El gobierno de Colombia debe respaldar con hechos su apoyo público a los derechos humanos, ha dicho Amnistía Internacional en una declaración oral pronunciada hoy ante el Consejo de Derechos Humanos. 

Las autoridades colombianas han aceptado varias recomendaciones formuladas por estados miembros en el Consejo, muchas de las cuales tratan sobre la lucha contra la impunidad y la protección eficaz de la población civil atrapada en el conflicto.

 

“La aceptación pública de estas recomendaciones contrasta con algunas políticas del gobierno y con sus actos”, ha dicho Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional. 

Amnistía Internacional celebra que Colombia se haya comprometido a reforzar la independencia del poder judicial, pero reitera su preocupación por una nueva ley que amplía el ámbito del fuero penal militar. 

Según la organización, las fuerzas de seguridad, solas o en connivencia con los paramilitares, han sido responsables de graves abusos, como homicidios ilegítimos, desplazamientos forzados, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual. 

“La nueva ley consolida la impunidad facilitando que los tribunales militares asuman la jurisdicción de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario perpetradas por las fuerzas de seguridad de Colombia. El historial de tales tribunales, que no han exigido responsabilidades a los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos, es vergonzoso”, ha dicho Marcelo Pollack. 

Otras leyes, como el Marco Jurídico para la Paz, aprobado el año pasado por el Congreso, también facilitarán que otras partes del conflicto, como los miembros de los grupos guerrilleros, eludan responder ante la justicia por graves abusos contra los derechos humanos. 

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo poniendo de manifiesto que las autoridades de Colombia no protegen eficazmente a la población civil de las graves violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros. 

Precisamente la semana pasada la organización alertó sobre las incursiones de los paramilitares en diferentes áreas de la cuenca del río Cacarica, en el departamento de Chocó, incluidas zonas humanitarias. 

Al entrar en la zona, los paramilitares afirmaron tener una lista de dirigentes comunitarios a quienes calificaron de colaboradores de la guerrilla. Los dirigentes comunitarios como los de la lista a menudo son víctimas de abusos contra los derechos humanos en forma de ejecución extrajudicial, desaparición forzada o desplazamiento forzado. 

“Aun sabiendo de estas incursiones, las autoridades de Colombia no han hecho nada para enfrentarse a las unidades paramilitares. Esta inacción pone en peligro inminente a las comunidades afrodescendientes del río Cacarica”, ha dicho Marcelo Pollack. 

“Esto es sólo un ejemplo de lo que sucede casi a diario en muchas zonas del país. El gobierno no protege eficazmente a la población civil.” 

En su declaración oral de hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional subrayó que el respeto por los derechos humanos y el compromiso de poner fin a la impunidad deben ser los pilares en que se basen las actuales conversaciones de paz. 

El gobierno de Colombia está en conversaciones con el grupo guerrillero FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en La Habana (Cuba). 

Es posible que también comiencen pronto las conversaciones de paz con el segundo gran grupo guerrillero de Colombia, el ELN (Ejército de Liberación Nacional). 

“Una paz real necesitará un compromiso verificable de todas las partes de poner fin a los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario”, ha dicho Marcelo Pollack. 

“Todos los responsables de los graves abusos contra los derechos humanos que han tenido lugar en los aproximadamente 50 años de conflicto –sean miembros de las fuerzas de seguridad, los paramilitares o los diferentes grupos guerrilleros– deben responder de sus actos.” 

Amnistía Internacional también ha expresado su decepción por la decisión que el gobierno colombiano tomó en julio de renovar sólo por un año el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, frente a los tres a que se había comprometido. 

“El papel desempeñado por la Oficina en Colombia ha sido fundamental: a lo largo de los años ha salvado muchas vidas y ha apoyado la valiosísima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de los derechos humanos. El trabajo de la Oficina será igualmente crítico si se llega a un acuerdo de paz, al proporcionar un escrutinio internacional que garantice el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición”, ha dicho Marcelo Pollack. 

Amnistía Internacional espera que el gobierno que surja de las próximas elecciones, que se celebrarán el año que viene, renueve el mandato de la Oficina por tres años, mostrando con ello que está abierto al escrutinio internacional. 

“Esto demostraría de alguna forma que las autoridades colombianas están decididas a apoyar en la práctica los derechos humanos con hechos, y no sólo se apoyan en declaraciones públicas”, ha dicho Marcelo Pollack.

Índice AI: PRE01/481/2013

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