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Por André Abeledo Fernández


Nov 20/18.- André Abeledo indica que no puede ser que el Código Penal ofrezca más protección a la Casa real que a cualquier otra institución o ciudadano del Estado. El delito de injurias a la Corona (artículos 490.3 e 491) son ademas contrarios a los ordenamientos del Tribunal Europeo de derechos Humanos.

Abeledo ademas entiende que resulta ya del todo inaplazable materializar una reivindicación democrática básica como es la realización de un referéndum sobre Monarquía y República.

MOCIÓN PARA QUE SE DEROGUE EL DELITO DE INJURIAS A LA CORONA Y PARA REAFIRMAR EL COMPROMISO CON LOS VALORES REPUBLICANOS Y LA DEMOCRACIA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en marzo de 2018 una sentencia por la que condena a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto del Rey durante la Diada. La justicia europea considera que esa actuación fue “una expresión simbólica de la crítica política” y que los tribunales españoles, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión.

El Código Penal ofrece más protección a la Casa Real que a cualquier otra institución o ciudadano del Estado, a través del delito de injurias a la Corona (artículos 490.3 y 491). Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene una jurisprudencia muy clara y sólida, en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes sino más bien al contrario, han de permitir un mayor grado de crítica. Esto se justifica porque se tratan de instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia.

Esta postura del TEDH se ve reafirmada por el Consejo de Europa y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para quien la libertad de expresión es “la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas” añadiendo, además -en una Observación específica sobre este tema en 2011- la “gran importancia” que otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a “la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática”. Es por ello, dicen literalmente desde Naciones Unidas, que “todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política”.

Recientemente el Parlament de Catalunya ha aprobado una resolución para reprobar el comportamiento del Rey por su discurso tras el 1 de octubre de 2017, donde alentó la confrontación y la tensión y, envolviéndose en una Constitución que ya no representa a toda la sociedad, se puso en la primera línea del bloque reaccionario. Una irresponsable actitud que estuvo acompañada de un tono bronco e indeseable. A esta reprobación se le ha unido la del Ayuntamiento de Barcelona.

Ante el acuerdo del Parlament, el Consejo de Ministros acordó pedir al Consejo de Estado que emitiera con urgencia su dictamen preceptivo para impugnarlo ante el Tribunal Constitucional, pues el Gobierno consideraba "políticamente inaceptable" la proposición aprobada. A pesar de que el Consejo de Estado ha recomendado no acudir al Tribunal Constitucional, declarando que el Parlament es libre de hacer juicios políticos, el Gobierno lo ha desoído y anunció el pasado 26 de octubre que interpondrá un recurso contra el Parlament.

Hay que recordar que en el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno se incluye la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona, así como recientemente ha sido aprobada a trámite en el Congreso una ley de protección de la libertad de expresión, impulsada por Izquierda Unida, que recoge precisamente este acuerdo.

Por otra parte los miembros del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en la Mesa del Congreso han denegado en las últimas semanas que ni siquiera se debata en esta Cámara la aprobación de una Comisión de investigación sobre los presuntos delitos que haya podido cometer el rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón.

A raíz de las grabaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, dadas a conocer por diversos medios de comunicación, hay indicios más que suficientes para iniciar esta investigación al monarca emérito. Tras una primera denegación de la Mesa del Congreso donde se alegaba que la inviolabilidad del Jefe de Estado impedía esta investigación -algo que no compartimos, pues la inviolabilidad en todo caso se habría de circunscribir a actos de naturaleza política refrendados por el Gobierno-, el pasado martes 23 de octubre se denegó una segunda petición. En ella se solicitaba investigar a D. Juan Carlos de Borbón desde su abdicación en 2014, cuando formalmente dejó de ser inviolable para estar únicamente aforado.

Por último, creemos que resulta ya del todo inaplazable materializar una reivindicación democrática básica en este país como es la realización de un referéndum sobre Monarquía y República.


ACUERDOS

PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a derogar el delito de injurias al Rey y a la Casa real de los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección penal del honor de esta figura a la del resto de ciudadanos.

SEGUNDO: Rechazar y condenar el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán, así como su justificación de la violencia por parte de los cuerpos policiales el 1 de octubre.

TERCERO: Reafirmar el compromiso con los valores republicanos y apostar por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía.

CUARTO: Instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se permita investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por D. Juan Carlos de Borbón desde el año 2014, momento en que deja de ser inviolable jurídicamente, y sobre quien recaen indicios suficientes de delito.

QUINTO: Instar al Gobierno a convocar un referéndum de acuerdo a la Constitución para que los ciudadanos podamos decidir entre Monarquía y República.

SEXTO: Comunicar este acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

GRUPO MUNICIPAL DE EU NARÓN

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