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Por: Franklin Ledezma Candanedo


La Operación Fénix o bombardeo de Angostura, fue un ataque de la Fuerza Aérea Colombiana, con la incursión de helicópteros, personal policial y militar, realizado en una zona selvática denominada Angostura en las cercanías de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el día 1 de marzo de 2008.

Diversas fuentes informativas, entre ellas, la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbios, ofrecieron valiosos datos el 06 de marzo del presente año, los que nos permiten aportar luces fidedignas sobre esa criminal acción e intervencionismo del gobierno de Colombia en territorio ecuatoriano.

Las familias de los cuatro jóvenes mexicanos que murieron en el bombardeo de esa fecha en Angostura, aún reclaman por justicia, por lo que en el presente año, como lo han hecho durante una década, repitieron jornadas de protestas y en pro de justicia, en las que fueron acompañados por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
El pasado 1 de marzo se cumplieron 10 años del bombardeo de Colombia a Angostura, donde también falleció el líder guerrillero Raúl Reyes, un hecho que marcó la vida de cuatro familias mexicanas que perdieron a sus hijos en territorio ecuatoriano, y sólo quedaron como sobrevivientes dos colombianas y la joven mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez
Las víctimas mexicanas del criminal ejército colombiano fueron Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo.
Los padres han puesto tres demandas ante la justicia de Ecuador, Colombia y México. Han acusado de asesinato a las principales autoridades militares y políticas que estuvieron al frente del bombardeo, entre ellas, el actual presidente Juan Manuel Santos.
En Ecuador, en junio de 2011, fueron llamados a juicio Freddy Padilla, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia; el director de la Policía, Óscar Naranjo; el excomandante del Ejército Mario Montoya; el general Jorge Ballesteros; el excomandante de la Armada Guillermo Barrera y el coronel Camilo Álvarez.
En este mismo proceso estuvo involucrado Santos, como ministro de Defensa, pero fue sobreseído. Luego la Defensoría Pública pidió la nulidad del juicio que fue aceptada por el Tribunal Penal de Sucumbíos, en febrero de 2016. Pero en noviembre de ese mismo año, los jueces de la sala única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos negaron la nulidad y se reactivó de nuevo el caso. Pero al igual que en Ecuador, en Colombia y México los procesos no avanzan, según los familiares.
Por eso están a la espera de que la CIDH resuelva sobre la denuncia que presentaron ante la falta de justicia por la muerte de sus hijos. Acudieron a esa instancia internacional en el 2014. Además, reclaman que el militar colombiano Óscar Naranjo, que ahora es parte de la seguridad del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, esté en su país y no haya sido detenido.
“Los tres gobiernos le están apostando al olvido. En ningún país ha avanzado las denuncias. En los tres Estados hay hermetismo absoluto”, dijo Miriam Delgado, mientras que Ana María Ramírez, madre de Verónica Velásquez dijo que siguen como en el principio, y Álvaro González, padre de Juan González, aseguró que los tres gobiernos son cómplices de la muerte de sus hijos.
No es mera coincidencia, sino fruto de la Ley de Causalidad, que uno de los actores de la masacre de Sucumbios, el entonces Ministro de Defensa de Colombia, en este hoy de pánico no haya podido resolver diversos problemas que prevalecen en su país, después de concluido el proceso de paz

Grupos de la sociedad organizada citan, entre otros, la minería, el extractivismo
desenfrenado, el narcotráfico, la lucha por la tierra, los crímenes de odio, el paramilitarismo y la corrupción, como algunas de las muchas situaciones que se viven en esos contextos en los que, de acuerdo con “Somos Defensores”, los líderes son vistos como personajes incómodos.

Según nota de prensa difundida por el Diario El Espectador (28/02/2018), siguen matando líderes sociales, un año después del acuerdo de paz. Conforme a cifras de esa organización, el año pasado 560 líderes sociales fueron víctimas de agresiones en todo el país. El primer trimestre de 2017 fue el más violento, con un preocupante incremento de homicidios respecto a 2016.

Invitamos a los amables lectores a ingresar a las siguientes páginas del Clarín de Colombia, medio alternativo serio y confiable, que dirige el dinámico colega progresista, J. Manuel. Arango C., que retrata de cuerpo entero la gravísima situación que se vive en ese hermano país:

COMUNICADO PUBLICO, ANTE SITUACIÓN PARO ARMADO EN EL CATATUMBO… http://www.clarindecolombia.info/index.php/noticia/66-destacadas/869-comunicado-publico-ante-situacion-paro-armado-en-el-catatumbo-colombia

CONTRA “GUACHO” TAN ACTIVOS; COMO “CONTRA ASESINOS DE DEFENSORES DE DD-HH” en Colombia Por J. Manuel Arango C.

http://www.clarindecolombia.info/index.php/noticia/66-destacadas/866-contra-guacho-tan-activos-como-contra-asesinos-de-defensores-de-dd-hh

Todo ello ocurre a pesar y por encima del Plan Colombia y las Bases norteamericanas ubicadas en ese país, tema que abordaremos en futuras entregas periodísticas.

Destacamos que esas armas apuntan directamente a gobiernos progresistas de nuestra Patria Grande (Venezuela, Bolivia y Cuba). Súmese la demagogia neo liberal imperialista y de secuaces internos, que logró confundir a electores de países hermanos (Argentina, Brasil y Chile), quienes hoy pagan muy caro desconocer su propia historia política y la del imperio genocida.

Poco o nada podemos esperar en el 2019, en el caso de mi país (Panamá), porque muchos han sido adiestrados por ideólogos de la bestia (666) hegemónica y su capitalismo salvaje y testaferros autóctonos, no sólo para votar por los peores (los corruptos del patio), sino para exigir dádivas (subsidios), no una educación de calidad y trabajos adecuadamente remunerados, mientras las necesidades son muchas y se camina hacia la tercerización y/o subcontratación (privatización) de servicios públicos esenciales, entre otros, el de la salud y el agua potable, con falsos argumentos empleados en décadas pasadas.

Grave es la situación creada por la disidencia de la FARC, comandada por Walter Patricio Artízala Vernaza, alias “Guacho”, que secuestró y asesino un equipo periodístico ecuatoriano. Por eso, el Gobierno de este país hermano ofreció 100 mil dólares por información que ayude a capturar al mencionado “disidente', que comanda dicho grupo.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados mientras realizaban reportajes sobre la caótica situación existente en la frontera colombo-ecuatoriana.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, confirmó el viernes 13/04/18, en Quito, el asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio secuestrado el 26 de marzo en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia.

Un hasta luego, colegas del Diario El Comercio, porque aunque “Nos faltan tres”, seguirán presentes y actuales en el alma y en el corazón de los Periodistas y de los pueblos solidarios de la Patria Grande Bolivariana y Universal.

En el caso de los internacionalistas mexicanos, sacrificados en la masacre ocurrida en Sucumbios, más temprano que tarde, cuando construyamos otro mundo posible, se les hará justicia.

#10AñosSucumbios - #10AñosporJusticia - #JusticiaSucumbios

Panamá, 30 de abril de 2018.
Periodista y Escritor del Corinto Bolivariano: Panamá.

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