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Por El Espectador


Ene 31/19.- La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez aseguró, al término de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que ella era la directora del Plan de Acción Oportuna (PAO) y que el cuestionado general retirado sería apenas un enlace con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Este último punto sigue preocupando a las plataformas de derechos humanos.

(CLARIN de Colombia, lo advirtió nov 20/18 ¡Ay dolor! para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales, y periodistas; pero sin ellxs

(le puede interesar General(r) acusado de falsos positivos dirige plan que protege a líderes sociales  )

 El general Leonardo Barrero pronunciando su última declaración como comandante de las FF.MM en 2014 luego del escándalo de la llamada con un coronel condenado por falsos positivos. / Óscar Pérez

Luego de que varias plataformas de derechos humanos rechazaran la designación del general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo como director del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas (PAO), acusándolo de obstruir investigaciones sobre falsos positivos y otros comportamientos antiéticos en su carrera militar, el gobierno defendió al oficial y lo mantuvo como un enlace de dicho plan con la fuerza pública.

“Para quienes han tenido dudas sobre el papel del general Barrero quiero decirles que no es el director del Plan, que el PAO es responsabilidad del despacho de la ministra. La función del general es de enlace en temas de seguridad con las fuerzas militares y la policía nacional dentro de uno de los componentes de plan de acción oportuna. Aquí no tenemos estigmatizaciones con nadie, la gente tiene que ser vencida en juicio y lo importante es garantizar protección de líderes en Colombia”, dijo la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez al término de la primera sesión de la Comisión Nacional de Garantías de seguridad en el gobierno de Iván Duque.

Estas declaraciones resultan ambiguas, ya que la ministra da a entender que el general no estaba nombrado en el cargo de director del PAO, a pesar de que una comunicación oficial del ministerio lo presentó como tal el pasado 16 de enero durante un evento en San Vicente del Caguán (Caquetá), una de las siete regiones donde ese ministerio hizo la presentación oficial del plan para salvaguardar la vida de esta población que desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018, según la Defensoría del Pueblo, lleva 431 personas asesinadas.

“La Ministra llegó a San Vicente acompañada de una delegación del Ministerio del Interior; de Pablo Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; el general Leonardo Barrero, director del PAO…”, dice textualmente en el comunicado firmado por Sala de Prensa que está publicado en la página de la entidad como se puede observar en el siguiente pantallazo.

Facsímil del informe que presentaron las víctimas, a través del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en agosto de 2018 ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). En él mencionan la presunta responsabilidad del general Barrero.

Según el documento, el hoy general retirado Barrero Gordillo debe rendir versión voluntaria ante la JEP, toda vez que bajo la orden de operaciones “Espada III”, firmada por él, dio la orden “de ejecutar una operación ofensiva sostenida de ocupación y destrucción, en las áreas bases de las cuadrillas 38 y 56 de las Farc”, dice el documento de esa brigada del 14 de junio de 2005.

Facsímil de la orden de operaciones llamada “Espada III”, la cual fue firmada en junio de 2005 por el general Barrero y sobre que la se soporta el pedido de las víctimas para declarar por su pregunta responsabilidad ante la JEP.

En dicha maniobra, el 24 de diciembre de ese año, en la vereda Moniquirá de Pisba (Boyacá), resultaron muertos los campesinos Carlos Julio Maldonado García, coordinador de deportes de la Junta Comunal de la vereda; Euclides Maldonado Tabaco, adulto mayor de 63 años, y Ruht Emilce Tabaco Socha, en ese momento en estado de embarazo, a manos de soldados del Batallón de Contraguerrilla N.° 29 de la Brigada XVI.

El proceso contra tres soldados se desarrolló en la Justicia Penal Militar (juez 45), la cual cesó el procedimiento en mayo de 2010. Sin embargo, el 2 de octubre de 2009, el fiscal general de la Nación asignó el caso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Posteriormente, la Fiscalía 7 de esa unidad ordenó en octubre de 2009 a la Fiscalía 15 de la Justicia Penal Militar allegar la investigación, “debido a que existían serias dudas respecto a la existencia del presunto combate en que resultaron muertas las tres personas mencionadas”.

La última actuación de la Fiscalía en este caso se dio el 16 de septiembre de 2016, cuando ordenó la práctica de nuevas diligencias para impulsar el proceso. Los familiares de las víctimas insisten en que el general Barrero se presente a la JEP a rendir su versión sobre estos hechos, a pesar de que él no esté involucrado en la investigación penal.
Sobre este punto específico, la ministra del Interior señaló: “El general Barrero, a la fecha, no tiene ningún proceso abierto por las afirmaciones que ustedes hacen, me dice que nunca lo han llamado o lo han notificado sobre el caso en mención”.

Pero esta no es la única actuación polémica del general. En una investigación publicada en este medio en noviembre de 2015 se reveló que Barrero, en ese momento candidato a la Gobernación del Cauca por el Centro Democrático, había visitado las oficinas de los empresarios Alexánder y Mauricio Duque, quienes fueron denunciados por la comunidad de Buenos Aires (Cauca) como presuntos responsables de lavado de activos a través de la minería ilegal.

Luego, como consta en los documentos publicados en Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, figura una contribución de la empresa minera Giraldo y Duque por $10 millones para dicha campaña. La misma comunidad de Buenos Aires denunció ante la Fiscalía General de la Nación a los empresarios y el ente investigador inició indagación preliminar en 2017 por el presunto blanqueo de oro proveniente de la extracción ilegal del metal precioso en el norte del Cauca.

Facsímil de la contribución que hizo la empresa Giraldo y Duque, de los empresarios Alexander y Mauricio Duque, a la campaña a la Gobernación del Cauca del general (r) Leonardo Barrero.

La ministra Gutiérrez afirmó no tener conocimiento sobre el particular. “El Gobierno considera que al frente del PAO debe haber una persona con amplia experiencia en fenómenos criminales y conocimiento del país”, argumentó.

 

Por otro lado, la ministra indicó que desde hace cinco meses el general Barrero ha trabajado en el PAO y ha visitado regiones como Ricaurte (Nariño), Cúcuta (Norte de Santander), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Caucasia (Antioquia) y que ninguna organización nacional o internacional ha manifestado reparos al desempeño de su trabajo.

Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, explicó al respecto: “las plataformas firmantes de este comunicado no sabíamos del nombramiento del general Barrero y somos nosotros los que hemos venido trabajando en un proceso nacional de garantías que empezó en el gobierno anterior. Ese trabajo tiene unos acumulados importantes que este gobierno desconoció”.

El Espectador intentó comunicarse con el general Barrero para conocer su opinión, pero él no contestó.

El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruíz Massieu, durante el último Consejo de Seguridad del organismo multilateral destacó que el presidente Iván Duque haya creado en noviembre de 2018 el Plan de Acción Oportuna (PAO) para prevenir y proteger a los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Textualmente señaló: “La ola de asesinatos de líderes sociales en los primeros días del nuevo año refuerza la profunda preocupación sobre estos asesinatos expresada por el Secretario General en repetidas ocasiones”. Según la Defensoría del Pueblo, desde el 1° de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018 ya registra 431 homicidios.

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