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Por AIL


Desde las 5 de la mañana de este jueves más de 1.200 trabajadores tercerizados de la empresa Indupalma, en el departamento del Cesar, están en huelga.


Estos trabajadores, integrantes del sindicato Unión General de Trabajadores Tercerizados de la Agroindustria, (UGTTA), tomaron la decisión ante la negativa de la empresa a negociar el pliego de peticiones que presentaron el pasado mes de diciembre.


Los trabajadores tercerizados de Indupalma ya están cansados de las constantes violaciones a sus derechos laborales. Según UGTTA, durante más de 20 años las cooperativas de trabajo asociado (CTA) a las cuales están vinculados, han dejado de pagar la seguridad social y se han “robado” dinero de los trabajadores. Por esta razón en 2014, con el acompañamiento del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO, la CUT Santander, la Corporación Justicia y libertad y el Centro de Atención Laboral.


Puedes leer:Las formas de tercerización laboral en la palma de aceite: una mutación constante (Crónica)


Después de muchas reuniones y capacitaciones los trabajadores decidieron que lo mejor era conformar una organización sindical. El 11 de junio de 2017, un grupo de 248 trabajadores se reunieron en San Alberto y crearon la organización. Desde entonces no han parado de recibir afiliados, al punto de que al día de hoy ya son más de 1.000 los trabajadores afiliados a UGTTA.


Lo que más les alentó a afiliarse al sindicato fue la multa-sanción que por $2.950 millones el Ministerio de Trabajo le impuso a Indupalma, por tercerización ilegal, al igual que a 26 CTA y empresas tercerizadroras, cuya multa ascendió a $737 millones. A través de la Resolucion 4259 de 2017, el Ministerio dio la razón a los cientos de trabajadores afiliados a la organización sindical.


El 5 de diciembre presentaron su pliego de peticiones a la empresa y las cooperativas, pero éstas se negaron a negociarlo. El punto principal de este pliego es la contratación directa de los trabajadores que hacen parte de las cooperativas.


Los gerentes de éstas, por su parte, emitieron un comunicado en el cual desconocen el conflicto laboral y acusan al sindicato de promover la violencia en la región. En respuesta, los trabajadores expresaron que eso no es cierto y que lo único que quieren es dignificar su trabajo.


Aquí puedes leer la comunicación del sindicato


Y se votó la huelga
La empresa se negó a reconocer el derecho de los trabajadores a presentar peticiones, aduciendo que no tenía ningún tipo de vínculo con ellos. Esto hizo que los miembros de la UGTTA convocaran a una asamblea general, la cual que se realizó el pasado 21 de enero en el municipio de San Alberto.


De los 1.009 trabajadores habilitados para votar, lo hicieron 682, y de éstos 668 optaron por ir a la huelga como una manera de presionar la solución del conflicto laboral.
La reunión contó con la presencia de autoridades locales y del “Pacto obrero por el trabajo digno”, una agrupación de organizaciones sociales y sindicales de la región que hicieron transparente el proceso.



Cortesía Corporación Justicia y libertad


Jorge Castillo, presidente de la UGTTA hizo un llamado a la solidaridad del movimiento sindical colombiano. “Necesitamos del apoyo de todas las organizaciones sindicales, moralmente y económicamente. Les agradecemos la ayuda y la asesoría que nos puedan dar”, dijo Castillo. Además, resaltó el carácter pacífico de la huelga, cuyo único interés es dignificar su trabajo y mejorar las condiciones de ellos y sus familias.


“En ninguna parte del mundo los sindicatos son un riesgo para las regiones, por el contrario, son los que pelean los derechos de los trabajadores y trabajadoras para tener un trabajo digno y unas mejores condiciones para las familias y para la sociedad”, indicó.


También dijo que instauraron una demanda ante la Fiscalía, porque ya hay tres trabajadores que han sido amenazados por pertenecer a la organización sindical.


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Así es la situación de los trabajadores


Andrey Piñeres es uno de las personas que ha estado al frente de la causa de los trabajadores desde el 2014. Él era trabajador directo de la empresa, pero está lo despidió unilateralmente por las reuniones que adelantaba con los trabajadores tercerizados. Sin embargo, él se ha mantenido con ellos formándolos sindicalmente y asesorándolos para que negocien con la empresa y mejoren las condiciones de todos.


“Todos los trabajadores inician el día debiéndole a la empresa 26 mil pesos, ese es el descuento diario, si ellos no laboran, el descuento sigue y lo deberán pagar con los días que laboren,” dice Andrey. Además el trabajador debe pagarle 12% de administración al gerente, debe pagarse la seguridad social, $11.700 de transporte, su dotación y su herramienta. Esto lo debe asumir el trabajador antes de iniciar su labor.


En las cooperativas también se presentan casos de trabajadores enfermos que tienen que vivir de la caridad de sus compañeros. Si las incapacidades son largas, la cooperativa no tiene cómo garantizar un salario mínimo para sus afiliados y en muchas ocasiones los trabajadores deben demandar a las EPS para que paguen.


Otra situación anómala se presenta cuando hay cambio de los gerentes de las cooperativas. Con frecuencia éstos se van con los dineros que tienen y las dejan en bancarrota.


Marely Cely, directora del CAL Bucaramanga, dice que cuando se inició el proceso sindical a la mayoría de los trabajadores se les violaban sistemáticamente derechos laborales en temas correspondientes a la seguridad social.


“El CAL ha brindado asesoría jurídica y ha acompañado reclamaciones individuales, pero cuando se presentan las acciones jurídicas los gerentes de las cooperativas les dicen a los trabajadores que los van a retirar del grupo. La mayoría de las acciones no se interponen por presiones de los gerentes de las cooperativas”, dice Marely.


Al inicio, el CAL se dio cuenta de que los trabajadores no sabían cuánto era su salario real. Por eso recogieron información de cerca de 200 e hicieron derechos de petición a las cooperativas. Los gerentes los amenazaron y les dijeron que, si lo entregaban, al otro día no tendrían trabajo. Todos desistieron de pedir la información sobre cuánto ganaban.


Marely también dice que la mayoría de los trabajadores tercerizados por cooperativas no alcanzan a ganar un salario mínimo.


Diego López, abogado que hace parte de la Corporación Justicia y libertad, una de las entidades que asesora a los trabajadores, afirma que ellos ya están cansados del modelo de las cooperativas.


Para López, es muy grave y riesgoso el comunicado de los gerentes de las cooperativas, en el cual afirman que el movimiento huelguístico generará el resurgimiento de grupos delincuenciales en la región. San Alberto ha sido una región asediada por la violencia y esas acusaciones son muy graves.


Los trabajadores también han denunciado amenazas mediante llamadas telefónicas, en las que les dicen que se atengan a las consecuencias por participar en la huelga.
AIL

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