Por NAIZ

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May. 6/20Al menos cinco dirigentes sociales y familiares suyos fueron ejecutados entre este jueves y viernes en en el departamento del Cauca, en el oeste de Colombia. Ya son al menos 16 los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos muertos en el país en 2020. Por otra parte, la Fundación para la Libertad de Prensa ha denuciado el espionaje masivo a periodistas por parte del Ejército.

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Uenseslao Guerrero de La Cruz, expresidente de la Junta de Acción Comunal y líder comunitario de la vereda Curacas y de 57 años de edad, fue tiroteado por dos individuos que se dieron a la fuga en una motocicleta en la municipalidad de Mercaderes, en el de sur del departamento del Cauca.

El alcalde de Mercaderes, Fernando Díaz Salamanca, informó este viernes de los hechos y emplazó a las autoridades a impulsar medidas «tanto de inversión social como de protección a líderes sociales y de Derechos Humanos». «Ya son cinco víctimas en menos de dos días», ha subrayado.

El pasado 29 de abril murieron otras cuatro personas en una masacre en la vereda El Vado, en el mismo municipio de Mercaderes, donde perdió la vida quien sería el actual presidente de la Junta de Acción Comunal, Alvaro Narváez Daza.

Narváez fue tiroteado junto a su esposa, uno de sus hijos y su nieta por miembros de un grupo armado no identificado. «En Mercaderes: NO son guerrilleros, NO son exguerrilleros, NO son paramilitares, NO son narcotraficantes, NO son delincuentes. SON campesinos, humildes, pobres, sobreviven, trabajan con su comunidad! A 4 masacraron anoche! Le duele a alguien? Palabrería barata! Paren la muerte!!», ha denunciado en Twitter el senador y exgobernador del Cauca Temístocles Ortega.

A estos hechos se suman las acciones violentas que han sembrado el miedo y la preocupación de las comunidades atribuidos por las comunidades indígenas a las fuerzas de seguridad. En ese sentido, la guardia indígena del Cauca ha retenido a 29 soldados y 4 policías.

«Aseguran que dispararon contra mujeres de la comunidad del Resguardo Huellas Caloto», ha informado la cadena de televisión TeleSur. Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería y la Alcaldía de Caloto, los uniformados fueron finalmente entregados.

El líder indígena y defensor de derechos humanos Mauricio Capaz ha explicado que tres de los funcionarios reconocieron haber disparado sus fusiles, informa la emisora colombiana W Radio. Desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, Colombia sufre una ola de violencia que se debe a la lucha entre grupos rivales para controlar los territorios de la antigua guerrilla. Líderes sociales, defensores de los Derechos Humanos y excombatientes de las FARC son las principales víctimas.

Espionaje «masivo» a periodistas

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó los seguimientos a periodistas colombianos y extranjeros por parte del Ejército y exigió al Gobierno explicaciones públicas sobre esta ilegalidad que considera un atentado «contra el régimen democrático y la deliberación pública».

«Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país», ha manifestado la FLIP en un extenso comunicado.

La revista 'Semana' publica en su última edición una investigación titulada en la que revela que el Ejército colombiano espió desde febrero hasta diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, entre ellos periodistas nacionales y extranjeros que habitualmente cubren el conflicto armado y la corrupción en las Fuerzas Militares.
La FLIP llama la atención para el hecho de que, aunque la vigilancia y seguimientos por parte del Ejército y organismos de inteligencia colombianos no son una novedad, en esta ocasión «se han realizado de manera masiva, incluyendo en algunos casos anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos al margen de la ley a partir de inferencias basadas en valoraciones sobre el contenido de sus publicaciones».

Según la entidad, estos hechos eran conocidos por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por la Fiscalía General y la actual cúpula militar, «por lo menos desde enero del 2020» sin que haya mayores avances en las investigaciones.

 

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