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Por Redacción Judicial


Jun. 3/20.- La decisión la tomó la Corte Suprema de Justicia el pasado 15 de mayo. Cristian Garavito - El Espectador.

El alto tribunal tomó la decisión el pasado 15 de mayo luego de que a los despachos de los magistrados llega un anónimo con pistas de una supuesta relación del expresidente con el caso. La Corte ya compulsó copias a la Fiscalía porque habría militares involucrados en el caso.

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El pasado 15 de mayo, la Corte Suprema de Justicia resolvió abrir otra indagación preliminar en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Esta vez por cuenta de supuestas interceptaciones ilegales y seguimientos informáticos que se habrían fraguado desde inteligencia militar. Las pesquisas se abrieron con base en una información anónima que llegó al alto tribunal en diciembre del año pasado. Con base en ese anónimo fue que la magistrada Cristina Lombana ordenó el año pasado una inspección al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército, donde se encontraron indicios de actividades ilegales que hoy tienen a 13 militares en juicio disciplinario ante la Procuraduría.

(En contexto: El reporte de lo que se halló en el Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá)

Según la información preliminar del caso, de estos casos ya tiene registros el ente investigador quien le lleva la delantera a alto tribunal en las investigaciones. En las últimas semanas la Corte realizó una inspección a la Fiscalía para conocer más detalles. El anónimo, dirigido a la magistrada Cristina Lombana, se advertía que el contenido tenía que ver con “información urgente” del caso “chuzadas-hacker-Álvaro Uribe”. Y, en el cuerpo del mensaje, se leía que el jefe natural del Centro Democrático había recibido datos reservados, obtenidos por unidades de inteligencia y contrainteligencia militar a través de interceptaciones ilegales de comunicaciones, “cuyo destinatario de esas acciones al margen de la ley es el señor Uribe Vélez.

Las víctimas de estas acciones incluyen senadores, representantes, magistrados, periodistas y generales”. El mensaje que recibió la magistrada Lombana indicaba con detalle que “las unidades donde se realizan estas prácticas son unidades orgánicas de la Brigada de Inteligencia Militar No. 1 (Brimi 1), el Batallón de Inteligencia Militar No. 4 (Baime 4) y el batallón de ciberdefensa (Bacid)”. En él se leen también los nombres de seis militares (un teniente coronel, un mayor y cuatro suboficiales) que estarían implicados en las interceptaciones ilegales; así como que algunos uniformados que protestaron por las actividades ilícitas que se estaban cometiendo fueron trasladados.

(Le puede interesar: Los militares que salieron del Ejército en medio del nuevo escándalo de “chuzadas”)

Pero que, a pesar de ello, seguían dispuestos a denunciar, al igual que otros oficiales que, incluso, tendrían pruebas de lo que se ha hecho. Este caso, que destapó la revista Semana, y que salpicó también al general (r) Nicacio Martínez, quien ya fue citado por la Procuraduría a interrogatorio y, al parecer, su participación en el caso habría sido el motivo de su apresurada salida del Ejército. Según el Ministerio Público, los militares involucrados en el caso estuvieron detrás de las operaciones en las que hubo “una presunta recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros”.

En un informe de 62 páginas, la Procuraduría le envió a la magistrada Lombana el pasado 4 de mayo, un detallado informa sobre lo encontrado en el Batallón. Esto sucedió justo después de que la revista Semana publicara una investigación titulada “Carpetas Secretas”, en la cual reveló que inteligencia militar del Ejército ha hecho seguimientos informáticos a más de 130 personas, entre ellas periodistas, sindicalistas y hasta políticos cercanos al presidente Duque, como el embajador Jorge Mario Eastman. Se trata de un reporte técnico en esencia, solicitado por la propia magistrada Lombana apenas culminó la diligencia en el Batallón de Ciberinteligencia ubicado en Facatativá (Cundinamarca).

(También puede leer: La denuncia que originó el allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército)

Lombana llegó allí con una Policía Judicial integrada por funcionarios de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y de la Dijín de la Policía con base en una denuncia anónima que ella recibió en su correo institucional el día anterior al allanamiento, el 17 de diciembre de 2019. Según el anónimo, la información que reposaba en esa y otras unidades militares tenía que ver también con el caso de chuzadas desde el Ejército a personas relacionadas con las negociaciones de paz con las Farc.

Un episodio conocido bajo el nombre de Andrómeda, por el cual el hacker Andrés Sepúlveda fue sentenciado a 10 años de prisión tras admitir cargos y que le generó al expresidente Álvaro Uribe una indagación preliminar que hoy está en manos de la magistrada Lombana. Con todos esos elementos sobre la mesa, Lombana terminó en el Batallón de Ciberinteligencia. Con la información de la indagación preliminar en titulares de prensa, el senador Uribe reaccionó en su cuenta de Twitter en donde aseguró que no entiende por qué la Corte lo investiga dos veces por el mismo caso.

Por su parte, el abogado Jaime Granados, quien defiende al expresidente, emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que tanto a la Sala Especial de Instrucción, como a la Fiscalía, "le corresponde verificar toda denuncia que llega a su conocimiento, el objetivo de la investigación previa es, precisamente, corroborar, entre otras cosas sí al menos ha existido algún delito, es decir se trata de una actuación rutinaria frente a toda denuncia que llega a conocimiento de la Corte. Por eso, rechazo enfáticamente que se pretenda armar un escándalo mediático sobre un caso que, además de ser absolutamente inmeritorio, apenas obedece a un trámite normal de la justicia".

 El espectador

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