Por: Tony López R.


Me comentaba un amigo colombiano que la aristocracia y las élites oligárquicas de su país, se vanaglorian de que, en América Latina, Colombia, es el país del respeto a las leyes y la democracia, porque honran los principios de Estado Nación que proclamó Francisco de Paula Santander. Valorado en su esencia y en lo que hoy acontece en esa bella tierra neogranadina, parece todo lo contrario y los hechos son los que confirman las palabras.

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No parece que el gobierno de Iván Duque honre mucho las leyes, tomemos en cuenta las denuncias de los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino contra el gobierno del presidente Duque de violar la Constitución y la ley, al permitir sin la debida aprobación del Senado de la Nación, el ingreso de Fuerzas Militares extranjeras a territorio colombiano.

Los congresistas se refieren, al ingreso de 800 efectivos de la 82 División Aerotransportada y a la orden del Tribunal Departamental de Cundinamarca, librada por una jueza de esa jurisdicción, que decretó suspender las acciones de dichos militares y se iniciaran los trámites legales con el Senado. A dicha denuncia y orden el ministerio de Defensa, emitió un comunicado que dice que “el gobierno en este caso no tiene que hacer ningún trámite con el Senado”. Una respuesta de un gobierno que se siente impune y autoritario, desconociendo las leyes.

Mucho menos se respeta la ley, cuando se denuncia y es público que los militares estadounidenses no han venido a Colombia a luchar contra el narcotráfico, es un secreto a voces, que están preparando y entrenando mercenarios y paramilitares, para ejecutar los planes de agresión a Venezuela, según lo ha denunciado públicamente el presidente Maduro y agencias de prensa en Venezuela y Colombia.

Tengan en cuenta que estas unidades gringas están ubicadas en la frontera colombo-venezolana, en los departamentos de Santander del Norte (Catatumbo) y Arauca (Saravena, Arauquita y Tibú), territorio que no se conocen como zonas cocaleras.

De otra parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió la Resolución 2532 instando a los países miembros donde exista un conflicto armado, procurar un alto al fuego para contribuir a combatir la Pandemia que azota a la humanidad y ayudar a los países más vulnerables.

Basado en tal Resolución el Ejército de Liberación Nacional (ELN) propuso un alto al fuego bilateral por 90 días, pero el gobierno del señor Duque, se negó acatar dicha resolución y deja evidenciada sus posiciones antidemocráticas de continuar la guerra y alentar la despiadada violencia que azota a ese hermano pueblo.

Con relación a la propuesta del ELN de cese bilateral de fuego, el presidente Duque, se negó aceptar la propuesta bajo el siguiente argumento: “nuestro gobierno no dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio”.

La opinión publica colombiana conoce que ese es un falso argumento, si fuera cierto que combate a la criminalidad, ya hubieran eliminado a las bandas de paramilitares y sicarios, que desde que Duque asumió la presidencia el 7 de agosto del 2018, han asesinado a más de 700 líderes y lideresas sociales afrodescendientes e indígenas y 175 ex combatientes de las FARC.

En relación al ELN, el gobierno a cometido un muy grave error y pretende que se violen acuerdos y protocolos de carácter internacional, cuando ha solicitado la extradición de los delegados de esta organización, que llevan esperando desde agosto del 2018, que la delegación del gobierno de Duque viaje a La Habana e iniciar las conversaciones, suspendidas por el cambio de sede, de Ecuador a Cuba, cambio solicitado a La Habana por el Estado colombiano y aceptado por Cuba y los países garantes como Noruega y los acompañantes Venezuela, Chile y Brasil.

El cumplimiento de este protocolo para que las partes en conflicto gobierno-insurgencia, busquen una solución de paz, no se puede violar, porque están totalmente refrendados por los países arriba mencionados y con pleno apoyo de las NN.UU y de su Consejo de Seguridad. La solicitud extraditar a los miembros de dicha delegación contraviene todo lo pactado y Cuba ni los países firmantes pueden acceder a tal acción ilegal, pero sí sirvió a Estados Unidos para utilizarla en su política contra Cuba, acción de la cual se hizo cómplice el gobierno de Duque.

Otro de los incumplimientos y antidemocráticas conductas lo representa la impune actuación del Gobierno de Duque, al no cumplir con los Acuerdos de Paz de La Habana. La sociedad colombiana, había acogido dichos acuerdos como un gran triunfo político, social y económico para su pueblo. Pero lo que fue un sueño, se ha convertido en una pesadilla para la sociedad colombiana, sueños aplastados por una oligarquía liberal conservadora que continúan en el poder incumpliendo leyes y acuerdos internacionales.

La opinión pública debe saber que, de los 6 puntos de la agenda de paz y la implementación de los acuerdos, solo se ha cumplidos el 18 por ciento, y de ese por ciento, un gran parte lo ha cumplido las FARC-EP: a) Entregó las armas, b) se transformó en partido político y c) renuncio a su carácter marxista leninista.

De la agenda acordada, el punto 1) Desarrollo Agrario Integral. El gobierno ha dicho que no tiene presupuesto para cumplirlo. Los puntos 2. Reforma Política y 3 Fin del conflicto, no se ha ejecutado absolutamente nada. El Punto 4, relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos, no se ha implementado y tienen el plan de utilizar el riego del venenoso Glifosato, perjudicial para la salud de las personas causante de graves problemas a la piel y el cancer, la fauna y la flora.

El punto 5. Víctima, justicia, verdad y no repetición, el gobierno ha nombrado en el Ministerio del Interior, como Coordinador para la Articulación política de victima a Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del connotado narco-paramilitar y confeso criminal Jorge 40, que cumple prisión en EE. UU, esto ha provocado dentro de las víctimas y en una buena parte de la opinión publica un fuerte rechazo y lo considera una burla a las familias que fueran víctima del paramilitarismo.

El 6to punto relacionado a la Implementación, Verificación y Refrendación de los Acuerdos, prácticamente se ha podido hacer muy poco, porque la implementación de dichos Acuerdos está realmente paralizada, incluso la amnistía política pactada en diciembre del 2016, aprobada por el Congreso de la República y la Corte Constitucional, se ha cumplido a medias, aún permanecen en prisión 312 prisioneros políticos en las cárceles colombianas, que debieron estar en libertad. Otro gran incumplimiento del gobierno de Iván Duque Márquez.

Otras grandes manifestaciones de violaciones de la ley y de impunidad ha sido el gran escandalo que acaba de desatarse en Bogotá con la denuncia de la Comisión Nacional de Juristas, (CNJ) presentada a la Justicia Especial de Paz (JEP) el pasado 10 de julio que involucra al menos a 17 generales y comandantes de las FF.MM, que fueron cómplices de 10 de las 41 masacres, cometidas por paramilitares en la Región de los Montes de María, entre el 2001-2002, y que casi 20 años después vienen a ser ventiladas por la JEP.

Esperemos que la JEF inicie y juzgue lo denunciado por la CNJ y se imponga la justicia de manera igualitaria para todos los que hayan cometido delitos o crímenes de guerra y no la tendencia que últimamente se ha venido presentando de solo juzgar los casos que tienen que ver con la insurgencia y dejar de lado los cometidos por los agentes del Estado y mucho menos de los civiles que formaron parte de los grande señores que financiaron masacres y crímenes, como lo continúan ejecutando hoy en Colombia.

No debe olvidarse que el tema de la JEP en los debates de la Mesa de Paz en La Habana, fue el que mayor tiempo consumió, por las diferentes visiones y criterios que tenían las partes y que se agudizaron, mucho más, cuando por esas irracionalidades de la vida y llevados por una falsa y mentirosa campaña, el electorado en el plebiscito celebrado el 2 de octubre del 2016, le dio el triunfo a la continuidad de la guerra y le dijo No a la paz.

Con ese triunfo del NO, cuyo principal promotor del voto negativo en el plebiscito fue el senador Álvaro Uribe Vélez, enemigo público número 1 de las conversaciones de paz de La Habana. Él utilizó el triunfo del NO para exigir y modificar muchos de los acuerdos, a pesar de que el plebiscito no era vinculante y uno de los temas en discusión y el más atacado fue el de la justicia transicional de paz, acción que aún actualmente tratan de eliminar o que modifique sus actuaciones contra los agentes del Estado y contra los financiadores civiles del paramilitarismo. De acuerdo a sus exigencias, los militares y los civiles no debían ser juzgados por la JEP, en última instancia si hubieran denuncias, que estas fueran tratadas, por la justicia militar y por la civil, cuyos fallos en Colombia, como la opinión publica afirma, conducen a la impunidad.

Por último, los dos grandes escándalos que implican al presidente Iván Duque, con la “Ñeñe Política”, acusado de ocupar una presidencia ilegal por la compra de votos financiados por los narco-paramilitares y la de la vice presidenta Martha Lucia Ramírez, por sus acciones de un alto monto financiero para lograr la salida de su hermano de la cárcel en Estados Unidos, acusado de narcotraficante, ambos escándalos están cuestionando la legitimidad del Gobierno. La situación objetiva y subjetiva está sobre el escenario político, pero no hay una agenda unitaria ni un liderazgo que conduzca al éxito de una salida democrática con justicia social.

Estos hechos no solamente están agravando la crisis política, económica y social del gobierno del Centro Democrático y su presidente Iván Duque, también la crisis sanitaria producto del insuficiente trabajo frente al Covid-19, con una muy lamentable atención a la crisis sanitaria, derivado de la dolorosa cifra de más de 5000 fallecidos y una cifra superior a los 100,000 contagiados, la crisis hospitalaria y una salud privatizada que se aprovecha de esta Pandemia para sacar suculentas ganancias. Esta crisis solo la sufren los sectores vulnerables, abandonados por los servidores públicos, cuya obligación es tomar medidas para evitar este triste y lamentable desastre humanitario.

No parece que la muy cacareada democracia colombiana y la transparencia y aplicación de las leyes, como dicen honrar a Santander, se este cumpliendo y bien lo dio a conocer la señora Patria: “Un grupo de hombres armados uniformados allanaron su apartamento, y otros dos apartamentos, sin orden judicial y ocuparon las computadoras, discos duros y celulares, luego de tenerla desaparecida toda la noche, la liberaron y quedaron con todo, sin orden judicial y sin su nombre en los papeles”. En su Twitter el senador Gustavo Bolívar Moreno. Expresó: “Se metieron en apartamento de tres personas del edificio, sin orden de allanamiento”. “Los retuvieron e incautaron sus computadores, igual que La Noche de los Lápices”. “ESTAMOS EN DICTADURA”. Fin de la cita.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional

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