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Por: Alfonso Castillo*


Nov. 6/21.- El pasado viernes 29 de octubre, el fiscal de la Corte Penal Internacional, toma la decisión de levantar la “investigación preliminar” que adelantaba en Colombia desde el año 2004 por crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el conflicto armado de este país. Esta decisión no deja de ser un absurdo, por cuanto los hechos de creciente impunidad, recrudecimiento de la violencia y el evidente que des-interés del gobierno de Iván Duque en establecer un claro compromiso para cumplir el acuerdo final de paz y garantizar una política pública de reparación y garantía de no repetición a millones de víctimas.

La decisión de la Corte Penal Internacional, es sin duda una medida que desconcierta y desanima a miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que mantenían la esperanza que a través de este “examen preliminar” se pudiera superar una larga estela de impunidad, por crímenes cometidos por militares colombianos, entre ellos algunos generales, que ordenaron y ejecutaron asesinatos contra jóvenes de sectores populares en muchas regiones del país, haciéndolos pasar como “guerrilleros dados de baja en combate” en un doloroso episodio que el país conoce como los falsos positivos.

En un rápido análisis de lo que implica esta determinación se pueden hacer algunas inferencias:

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-La corte Penal Internacional al hacer un balance de la realidad colombiana en materia de aplicación de justicia, sólo tiene en cuenta el trabajo adelantado en los últimos tres años en cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una instancia surgida en el marco del acuerdo de paz firmado el año 2016, pero que apenas inició su actividad y que ha tenido que afrontar toda una arremetida mediática, planteada por voceros del gobierno de Iván Duque y los principales dirigentes del partido centro democrático, además de una serie de obstáculos, trabas y largas discusiones por los alcances de su competencia, elementos que estos, que han impedido que la JEP cumpla adecuadamente su función de aplicar justicia.

-No se ocupa la CPI, de considerar una larga trayectoria en la cual la fiscalía General de la Nación y en General el aparato de justicia en Colombia no ha brindado las suficientes garantías para llamar a juicio a los máximos responsables de crímenes y violaciones a los derechos humanos, así como, la negativa de los agentes judiciales colombianos a tan siquiera iniciar procesos de investigación contra políticos, militares, como empresarios que han sido señalados en múltiples escenarios, como partícipes en distintas modalidades en el desarrollo del paramilitarismo en Colombia, y cuando lo ha hecho se ha colocado en favor de los señalados de prácticas criminales, negando a las víctimas la posibilidad acceder a escenarios de garantías para participar en los procesos judiciales.

-El anuncio en principio apresurado, también puede interpretarse como lo señala Rodrigo Uprimy en su columna del domingo, 31 de octubre, como “una oportunidad para que el gobierno cambie su actitud frente a la JEP, cese sus ataques y se decida a apoyar este tribunal”, paradójicamente, la fiscalía de la CPI “ consideró que la JEP, ha imputado cargos a altos responsables de secuestros y falsos positivos, indicando que había progresos significativos” Todo este reconocimiento es sin duda alguna, un respaldo al Acuerdo Final de Paz, como instrumento para la aplicación de justicia que entre otras cosas, cuenta con la participación de las víctimas. Todo esto justamente contrariando la opinión del gobierno de Iván Duque y las rabiosas insinuaciones de distintos voceros del partido Centro Democrático que durante todo este periodo se han dedicado a atacar y desprestigiar tanto el acuerdo de paz como en particular la Jurisdicción Especial para la Paz.

-No obstante todas estas valoraciones sobre la decisión de la CPI, queda entre las víctimas y organizaciones de derechos humanos una sensación de impunidad, puesto que en el país, desde que inició la “investigación preliminar” no ha operado adecuadamente la justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, y no se ha procurado establecer la responsabilidad de los altos mandos militares en estas atrocidades, tampoco se evidencia la voluntad de los gobiernos, para desmontar la estructura criminal del paramilitarismo, ni esclarecer todo el entramado que se oculta tras el asesinato de líderes y lideresas sociales, hecho que ha permanecido como una constante política, al menos en los últimos diez años en el país, tampoco elecciones para contrarrestar las masacres, muchas de ellas perpetradas en zonas de fuerte presencia militar.

En general, la sensación que existe es que la fiscalía en Colombia, ha sido cooptada por el poder político, y se ha instrumentalizado para perseguir a opositores políticos y se presta para exonerar a partidarios del gobierno involucrados en prácticas corruptas o criminales.

-Llama nuestra atención, tras los argumentos esgrimidos por el fiscal de la corte penal internacional para “levantar” la “investigación preliminar” apoyándose en los “avances” de la “JEP”, que no se tiene en cuenta que se trata de procesos investigativos, sin que hasta el momento existan fallos condenatorios, lo que podría ser un riesgo, de al menos dos situaciones, a) que sectores de la ultraderecha colombiano continúen impulsando ataques para deslegitimar e impedir el funcionamiento de la JEP, y así sabotear el funcionamiento del tribunal, y los procesos se cierren sin los respectivos fallos, b) que la JEP se oriente solo a investigar un tipo de conductas perpetradas por un solo actor armado, dejando de lado la investigación de conductas criminales y violaciones a los derechos humanos cometidas por otros actores armados en el desarrollo el conflicto armado en Colombia.

-Finalmente es necesario señalar refutando la intervención del Presidente Iván Duque, que no es verdad que al día de hoy se pueda presentar avances significativos, ni en materia de verdad, ni en la reparación a las víctimas y mucho menos en aspectos relativos a la no repetición, ni los militares, ni los políticos que han acudido a la comisión de la verdad han aportado información significativa que permita conocer quiénes son los beneficiarios e ideólogos de esta guerra contra el pueblo que se ha desarrollado el país por más de medio siglo, al contrario alguna de estas comparecencias se han quedado en justificación de sus comportamientos en la prolongación del conflicto o aprovechar el escenario para alentar el enfrentamiento entre las élites, pero en ningún caso, aportar información nueva que identifique responsabilidades de políticos y empresas y su participación en el conflicto armado.

En materia de reparación integral, hay que decir que es evidente el desmonte de la política pública de reparación a las víctimas, hecho que se constata en la desfinanciación de la ley según lo ha denunciado la Contraloría General de la Nación y teniendo en cuenta las cifras del pago de indemnizaciones individuales y colectivas las cuales están prácticamente estancadas desde hace dos años. En igual sentido es necesario hablar de la poca eficacia del avance de la política de restitución de tierras.

Sobre las garantías de no repetición, es claro que el país no ha sido capaz de prevenir la oleada criminal contra líderes y lideresas, las amenazas a las comunidades, los asesinatos a los firmantes del acuerdo de paz, y por el contrario una parte importante del territorio colombiano es un escenario de masacres, confrontaciones entre grupos armados, lo que implica confinamientos y desplazamientos, hay bombardeos indiscriminados en varios territorios del país, continúa las amenazas y los atentados, y de nuevo el país asiste a las víctimas de minas antipersona que han sembrado distintos grupos armados, todo esto ocurre mientras siguen actuando a sus anchas los grupos paramilitares, y la respuesta del gobierno para el diseño y sostenimiento de una política de prevención y protección sigue teniendo múltiples observaciones e incluso en muchas escenarios podríamos hablar de retrocesos que van en contravía de garantizar el derecho a la vida, a la organización y a la movilización.

En este sentido es necesario que las víctimas sigan fortaleciendo sus procesos organizativos y de fortalecimiento político, que entre otras cosas, pasa por impulsar dinámicas de articulación y unidad que permitan la participación en el espacio de la elección de las curules de paz para las víctimas y desde allí impulsar en el congreso de la república, junto a la bancada de sectores democráticos, una acción urgente que obligue al estado colombiano a la verdadera implementación del Acuerdo Final de Paz, como herramienta que permita hacer posible el desmonte de las causas que originaron la guerra y a promover una paz duradera y estable.

hoy día, de la disputa en el país en términos políticos, es lograr derrotar desde la movilización popular y también a través de un mecanismo electoral, a todos aquellos que se propusieron hacer trizas los acuerdos de paz, y ganar espacios para los sectores democráticos que asuman un compromiso no sólo de cumplir el acuerdo final de paz, sino, a crear las bases que permitan la ampliación de la democracia y la superación de inequidades sociales, políticas y económicas para superar el conflicto social y armado que ha vivido el país en las últimas décadas.

Nota: Sobre la Corte Penal Internacional, es importante señalar que se trata de un organismo supranacional producto del Estatuto de Roma que es un acuerdo de naciones para la aplicación de justicia en caso de violaciones a los derechos y crímenes de guerra, que en todo caso actúa teniendo en cuenta intereses según lo determine las potencias económicas más importantes. Es decir se trata de la máxima instancia de justicia penal internacional, pero se ha comportado conforme a los intereses del capital, y en este sentido sus actuaciones no dejan de tener un carácter clasista, racial, imperial, e ideológico.

* Defensor de los Derechos Humanos

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