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Por J. Manuel Arango C.

Ag.26/22.-Las víctimas de la violencia en Colombia, pareciera ser tan solo la garantía de que las entidades denominadas “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” y “Unidad Nacional de Proteccion” almacen cifras exorbitantes para su propio beneficio directo e indirecto, a “costillas” de las mismas víctimas, por las cuales se les asignan jugosos presupuestos para la implementación de Políticas Pùblicas, y no para servir a la comunidad destinataria.

Insuficientes los recursos reparativos para las Victimas…

“los recursos destinados en los últimos diez años a la Política Pública de Víctimas por $146 billones han resultado insuficientes para asistir, atender y reparar a las más de nueve millones de víctimas reconocidas en el país”; es una de las conclusiones de la Comisión de seguimiento y monitoreo de la Ley 1448/11, reunida este 22 de agosto.

De nada sirve que entidades tan demeritadas como la Procuraduria general de la nación que piensa mas en su confort aumentandosen de presupuesto, planta de personal entre otras, que no investiga y menos castiga a funcionarios corruptos y criminales entre otros, junto con la Contraloria general de la Nacion, esa misma que en mes de junio del año 2021 afirmara.. “La Contraloría General de la República identificó inconsistencias en giros de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria, así como en la aplicación de subsidios de vivienda urbana de la Ley de Victimas que suman más de 82 mil millones de pesos”,   sin mostrar resultados hasta el dia de hoy junto con la Defensoria del pueblo; posen de plañideras ante las respresentaciones de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y los Representantes de los Pueblos Étnicos, que solicitan “aumentar y priorizar la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en los territorios.  y de paso sea dicho, la representación de las víctimas, deben ser personas que “sientan” la situación, demanden, exijan y avicen a su pueblo representado, para que se apoyewn acciones en nuestra defensa.

Ratones consolando a quienes pierden el queso…

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Recientemente se reunió la Comisión de seguimiento y Monitoreo integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y los Representantes de los Pueblos Étnicos, encuentran que la deficiencia presupuestal antes señalada; siendo para las instituciones del estado, descubriendo que el agua moja; toda vez que millones de veces las víctimas de la violencia gritan y gritamos pidiendo ser escuchadas, que se nos garantice la no repetición, verdad, justicia, reparación, indemnización, reubicación, ayudas humanitarias, en fin priorizar la reparación integral y atención a las víctimas.

Las cuantías del desfase….

La Comisión, encuentra que los $146 billones destinados en la última década para la implementación de la Política Pública de Víctimas son insuficientes para atender a los casi 10 millones de víctimas apenas reconocidas por las entidades competentes y eso que somos muchas más, y que para la próxima década, el presupuesto debe ser incrementado a $301 Billones, porque a la fecha solo han sido indemnizadas el 12% de las mismas

Deficiente o desviados (por no decir robados) los recursos…?

Como señalé al comienzo, el mismo Contralor general de la Nación nos decía cosas tan degradantes o ruines, como por ejemplo de que "se indemnizaron a 493 personas fallecidas, por un valor de $228 millones entre los años 16 al 2018; 135 giros a 68 familias beneficiarias por 78 millones de pesos en las que se evidenció que el nombre del destinatario no coincide con el nombre reportado en la Registradora; 266 giros a 250 familias por 234 millones de pesos en lo que se encontró que el documento del destinatario no se encuentra en la base de datos de la Registradora NEC; 289 registros de giros por valor de $1.941 millones con inconsistencias en el número del documento de identificación; 156 registros, por valor de $801 millones, con el campo documento vacío en la base de indemnización y 10.770 registros de giros cobrados por valor de $56.696 millones que cuentan con fecha de giro o reintegro nula;

207 subsidios de vivienda asignados por 3.055 millones de pesos asignados a personas con fecha de fallecimiento posterior a la entrega; 916 registros de subsidios legalizados de vivienda por valor de $15.596 millones presentan inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario; 13.044 beneficiarios víctimas de desplazamiento forzado cuyo subsidio permanece en cuentas de ahorro programado – CAP en una entidad bancaria por valor de $192.471 millones, lo que permite establecer que estos beneficiarios no han accedido al derecho a la vivienda; que desde 2015 a la fecha se han identificado 1.793.062 familias beneficiarias de ayudas humanitarias con un total de 3.985.301 giros por valor de $2,4 billones". 

Igual ocurre con la tal UNP
Siendo este caso capitulo aparte, pero por ser conexo con las victimas también, esta coge un buenpresupuesto económico para garantizar la seguridad e integridad demiles de protegidos; pero a la mayoría les tienen sin los esquemas de seguridad completos, aparte de que a muchos protegidos les asisgnan “escoltas” quemas bienparecen los sicarios ahgi a su lado de manera permanente; con la agravante de que la UNP -Unidad Nacional de Proteccion- en lugar de garantizar “protección” al parecer realiza es investigación y espionaje a sus protegidos, especialmente a defensores de los DD.HH., Periodistas Independientes y Populares, como queda reseñado en una nota publicada en CLARIN de Colombia  del Equipo Juridico de los Pueblos.

Recomendaciones de la Comision…

Cuando se creería prioritario hacer la formulación imperante por la reestructuración total de esa  falsa Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; investigaciones que conlleven a lo penal con condenas ejemplarizantes por los recursos desviados; tan solo se dedicò a recomendar “Aumentar la oferta de vivienda digna para los hogares de víctimas de desplazamiento forzado, pues se ha identificado que más del 80% de estas no gozan del derecho. Frente a proyectos de vivienda urbana, desarrollados entre 2012 y 2021, se encontró un rezago en la entrega de 14.010 viviendas urbanas, y para vivienda rural un atraso de 21.599 sin terminar”;

¿Y la reparación integral..?
Como si para el desplazado  por la violencia como es mi caso, la solución fuera una simple vivienda la cual no se puede comer, usar de vestuario, de salud, educación  etc, desarraigado de su propio hábitat y pertenencias; y sì condenando a ser “muerto” ya en vida, adelantándose les desde la misma institucionalidad, a quienes le persiguen para asesinarle, limitándose la Comisión de seguimiento y Monitoreo entonces a hacer un llamado a las “autoridades territoriales para que garanticen condiciones dignas para la atención a la población víctima, dado que persisten daños en la infraestructura y falta de mantenimiento en algunos casos”; cuando esta responsabilidad no tiene porque recaer en los entes territoriales que no poseen los presupuestos, que desde las arcas de la nación se destinan para tal fin, pero que son desviados, conforme lo indicó el contralor  en una de mis citas anteriores.

Víctimas por estratos sociales…
Mientras la familia “Lafori Cabal” hoy fue  atendida en despacho presidencial para garantizarles el derecho a su vida, los millones de colombianos víctimas de la violencia, muchas de estas víctimas desplazadas, exiliadas a motu propio, desaparecidas o dolientes de sus muertos que no poseemos un céntimo para paliar la miseria, el desarraigo, la segregación, exclusión entre otras, no se nos escucha, menos se nos repara, indemniza, reubica y sobre todo, no se nos garantiza lo que nos dicen a todos en la resolución de reconocimiento como víctima la “no repetición”

En virtud a que una de las bandera del Pacto Històrico  antes, y a la actualidad es luchar frontal contra la corrupción, reestructurar algunas entidades o acabarlas de tajo; nos corresponde aunar acciones en el sentido de elevar las denuncias por los entes pertinentes, -para mí, no son las  ias del estado-, sino de los nodos organizacionales del PH en todo el país; para que escalen a donde corresponda y así el Presidente Gustavo Petro, con todo este acervo probatorio, pueda actuar más rápido en solución a nuestras demandas, interviniendo esa “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” y castigando a quienes usufructuaban a título personal los recursos.

 

*-Director CLARIN de Colombia
-Defensor de los Derechos Humanos
-Consejero de Comunicación Comunitaria y Alternativa
-Integrante de la Red Internacional de la Comunicación Popular
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