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Por Juan Carlos Gamboa Martínez*


Ab 7/21.-

PROLEGÓMENOS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL CESAR

La terrible situación que está viviendo Colombia amerita un análisis profundo y descarnado sobre las condiciones que llevaron a que el terrorismo de Estado esté diezmando con masacres poblaciones enteras, provocando al mismo tiempo el desplazamiento forzado de miles de familias que se ven obligadas a dejar sus tierras y el fruto de su trabajo junto a las pertenencias de toda su vida.

 

Este análisis necesario sobre las razones y desarrollo del conflicto armado en Colombia, cuenta con el aporte de distintos periodistas, analistas e investigadores que con su conocimiento siguen los eventos que día adía se suceden y dan luz , con sus reflexiones a este grave problema que afecta a toda la región y que puede escalarse a proporciones continentales, sabiendo que quien maneja a la marioneta del palacio de Nariño, no es otro que el imperio del norte.

A continuación, publicamos el trabajo de Juan Carlos Gamboa Martínez “Prolegómenos sobre los orígenes y factores de permanencia del conflicto armado en el César”

Algunos meses antes del inicio de la pandemia del SARS-CoV-2, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), convocó en Cartagena de Indias, a un grupo de investigadores y académicos vinculados en su mayoría a las universidades de la región, al “Primer Coloquio Regional sobre el Conflicto Armado en el Caribe: Un diálogo con la Comisión de la Verdad en Clave de Esclarecimiento”, en donde, entre otros importantes asuntos, se abordaron, por cada uno de los departamentos que componen este territorio, lo referente a los orígenes y factores de permanencia del conflicto armado. En este sentido, lo que viene a continuación se corresponde a algunas de las ideas y reflexiones allí propuestas para el caso del departamento del Cesar, con algunas alusiones al departamento de La Guajira.

CASA PROPIA AL ALCANCE DE SU BOLSILLO, EN SOACHA.
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El palimpsesto de los conflictos

Una mirada restrictiva sobre el conflicto armado en el país situaría sus orígenes en el año de 1964 cuando irrumpen experiencias insurgentes que con el paso de los años logran hacerse sostenibles y posteriormente expandirse. En ese contexto como hitos que marcan la génesis del conflicto armado en Colombia se ubican dos fechas separadas apenas por unos pocos meses: el 27 de mayo de 1964 cuando se decantan las autodefensas armadas comunistas dando forma a las FARC-EP y el 4 de julio de 1964 cuando se crea formalmente el ELN. En cuanto al EPL, la otra insurgencia que llegó a tener proyección nacional, surgió pocos años después, el 10 de febrero de 1967.

En este contexto, en el país antes de 1964 no se hablaba de conflicto armado, no obstante que desde décadas atrás era ya evidente la presencia y accionar de aparatos armados de distinta naturaleza y composición −entre ellos los “ejércitos privados” al servicio de hacendados y gamonales que en algunas regiones se conocieron como “Los Pájaros”, la policía del régimen conservador conocida como “La Chulavita”, las guerrillas liberales constituidas por los “limpios” que eran miembros del partido liberal y las guerrillas campesinas conformadas por los “comunes” como se les decía a los comunistas−, la mayoría de los cuales evolucionaron y se transformaron consiguiendo hacer su tránsito desde la época de “La Violencia” (1930-1957) para hacer parte del conflicto armado.

Así las cosas, a estos actores tradicionales enfrentados, por un lado, las insurgencias pugnando por transformaciones estructurales del statu quo existente y, por el otro, la fuerza pública salvaguardando la institucionalidad construida por las élites en el poder, a partir de 1982, especialmente con el modelo creado en Puerto Boyacá en el corazón del Magdalena Medio, se incorporaron los paramilitares como un nuevo actor, pese a que su utilización, bajo distintas modalidades, entre ellas la de operaciones encubiertas, ya era de uso frecuente por los servicios de inteligencia del Estado desde la década de los cincuenta del siglo pasado. Este nuevo actor entra a terciar con mucha mayor virulencia en el conflicto armado a partir del 18 de abril de 1997 cuando desde el Urabá se crea el proyecto paramilitar denominado AUC.

El conflicto armado se escenifica sobre un palimpsesto construido a partir de una enorme conflictividad social que pivota alrededor de la tierra. Estas disputas por la tierra, que tienen lugar ya sea para preservar un orden social y político que posibilita justamente su acumulación y su acaparamiento o para demandar su redistribución y entrega a los campesinos, indígenas y afrodescendientes que no cuentan con ella o que les es insuficiente, ha sido históricamente el catalizador de los conflictos sociales y del conflicto armado en el campo.

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Las frecuentes disputas por la tierra desmienten categóricamente la narrativa oficial que describía a la región como una suerte de laboratorio en el que las contradicciones y conflictos sociales se tramitaban sin apelar a la violencia y, en ello, por ejemplo, el discurso alrededor del vallenato se direccionó para consolidar este imaginario que tendía una cortina de humo sobre la realidad violenta de las relaciones sociales y de producción que se escenificaban, sobre todo en el campo. Así las cosas, a pesar de esa narrativa oficial que se ha construido alrededor del vallenato, tomado como evidencia de la naturaleza intrínsecamente pacífica de sus habitantes y de la supuesta inexistencia de intereses divergentes y contrapuestos de clase, lo cierto es que la historia de la región ha tenido como común denominador el conflicto y la contradicción, casi siempre aparejados con expresiones de violencia, esgrimida tanto desde los sujetos subalternos rurales luchando por la garantía de sus derechos territoriales como, sobre todo, de algunas élites de terratenientes y empresarios rurales en su pretensión de velar por preservar intactos sus privilegios y, de contera, incrementar sus tierras y fortunas. En el Cesar se pueden rastrear conflictos por el acceso, uso y propiedad de la tierra desde una fecha tan temprana como mediados de la década de los años veinte del siglo pasado. Los actores involucrados en los conflictos sociales que caracterizaron el proceso de configuración y expansión de los latifundios y del modelo de desarrollo hacendatario de agricultura tradicional entre 1930 y 1950, fueron los colonos-campesinos, los empresarios rurales y los grandes terratenientes, en el que los primeros siempre llevaban la peor parte.

Años después, el conflicto armado inhibió algunas dinámicas en tanto que potenció otras, de acuerdo con los intereses de los diferentes actores y del lugar que ocupaban en el orden social y, cabe anotar, siempre apareció asociado a conflictos sociales latentes o emergentes. La narrativa oficial sobre la bonanza algodonera (1950-1975) que exalta una prosperidad que supuestamente beneficiaba y era extensiva a toda la población de la región, incluyendo a los campesinos y trabajadores agrarios, oculta los graves conflictos sociales que para la fecha estaban teniendo lugar. Una sencilla canción de Máximo José Jiménez Hernández (n. 1949), llamada Recolectores de algodón, pone al desnudo esta realidad cuando dice: “Ya nos llevan, ya nos llevan,/ ya nos llevan a explotar,/ en la recolección de algodón/ los terratenientes del Cesar […] Ellos nos vienen a buscar/ y nos regalan un pasaje,/ pero cuando estamos allá,/ nos lo quietan en el pesaje […] Nos volvimos todos enfermos/ y el amo quedó feliz,/ no ganamos para un lápiz,/ tampoco para un cuaderno,/ trabajamos a todo pulmón/ y nos pagan muy barato,/ es muy mala la alimentación,/ todo queda en el comisariato”.

Antecedentes de la presencia insurgente

En lo que respecta a la región de la que hacen parte la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, los hitos que marcaron el origen y evolución del conflicto armado son diferentes a los establecidos para el nivel nacional, como quiera que, en lo que atañe a la insurgencia, su establecimiento en el territorio ocurrió varios años después, en una fecha que casi es coincidente con la irrupción del paramilitarismo gestado en el laboratorio que significó el Magdalena Medio.

Entre los principales antecedentes de la presencia insurgente en el territorio, valga referir, como los más importantes, los siguientes:

Los contactos tempranos que a partir de 1960 el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino 7 de Enero (MOEC-7E) estableció con algunos intelectuales progresistas de la región, contexto que en 1966 facilitaría el fugaz paso de Ernesto Guevara (1928-1967) por Valledupar y que la región fuera la cuna de importantes revolucionarios tales como el abogado José Manuel Martínez Quiroz, asesinado en Bogotá, D.C., el 28 de septiembre de 1978 por la estructura paramilitar Alianza Anticomunista Americana (Triple A); el ingeniero y economista Víctor Medina Morón, asesinado el 22 de marzo de 1968 por su propia gente en uno de esos absurdos ajusticiamientos que marcaron el origen del ELN; y el abogado Miguel Francisco Pimienta Cotes, muerto en una operación militar el 16 de octubre de 1966, entre otros, que optaron por vincularse a las filas de la insurgencia del ELN desde sus inicios.

La propuesta política-militar que, con epicentros en Agustín Codazzi en la Serranía del Perijá y en Atánquez en la Sierra Nevada de Santa Marta, tuvo lugar entre 1964 y 1966 al frente del cual estuvo el médico Jaime Velásquez García (1931-1970) y en el que participaron entre otros Paul Arlant y Sergio Martínez, iniciativa que se frustró con el asesinato de los dos últimos, ocurrido en Agustín Codazzi el 15 de febrero de 1966, y con la feroz persecución que se desató en contra del primero, la que apenas concluyó el día de su trágica muerte sucedida en Quito, Ecuador, el 9 de diciembre de 1970, cuando adelantaba diversas tareas políticas y logísticas encaminadas a la creación de una estructura insurgente que ingresaría al país desde el norte de Ecuador.

La experiencia de foco insurreccional liderada por el médico Tulio Bayer Jaramillo (1924-1982), escenificada en 1969 al sur de Riohacha en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la que participaron activamente William Ramírez Tobón (n. 1940), el santandereano Abelardo Joya y el internacionalista vasco Pedro Mari Baigorri Apezteguía (1939-1972), la que se disolvió tempranamente por problemas de abastecimiento, dificultades para estrechar relaciones con los pobladores locales y por tensiones internas.

El proyecto foquista que, al parecer, se denominaba Frente de Liberación Nacional (FLN), desarrollado entre 1969 y 1972 en Curumaní en las entrañas de la Serranía del Perijá, en el que tuvieron un papel protagónico el líder popular Tomás Antonio Arévalo Velásquez (1941-1972) y el internacionalista vasco ya mencionado Pedro Mari Baigorri Apezteguía, proceso que llegó abruptamente a su fin con la muerte de ellos dos, la que tuvo lugar junto a la de otro insurgente cuya identidad aún no está penamente identificada y a la del campesino Humberto Álvarez, producto de una desproporcionada operación militar materializada el 6 de octubre de 1972.
Periodización de la evolución de la insurgencia

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Cesar, −y haciéndola extensiva hasta incorporar La Guajira−, se puede esbozar la siguiente periodización en lo que respecta a la presencia y evolución de las guerrillas:

Las experiencias tempranas de focos insurreccionales (1964-1972) mencionadas más arriba, las cuales pese a haber culminado en sendos fracasos, dejaron un nada despreciable know howacumulado en el territorio.

La llegada y establecimiento del ELN (1975): A partir de la recomposición y desdoblamiento de su estructura madre, el Frente José Antonio Galán, y de aquella que asumió el nombre del sacerdote Camilo Torres Restrepo (1929-1966) al poco tiempo de haber muerto en combate, se conformó una nueva estructura que, comandada por Gabriel Vera Bernal “Vidal”, llegó desde el Magdalena Medio, cruzando el río Magdalena, para establecerse en la Serranía del Perijá, en el sur del Cesar.

Penetración, reconocimiento del territorio y establecimiento sostenido (1982-1985): Durante esta fase se escenifica el establecimiento más firme y sólido de las estructuras insurgentes que en el futuro operarán en la región. Las FARC-EP establecieron su nicho en la Sierra Nevada de Santa Marta a partir de la creación del Frente 19 José Prudencio Padilla, el cual en sus inicios contó con el apoyo de unidades del Frente 10 Guadalupe Salcedo que se trasladaron desde Arauca; en tanto que el ELN constituyó el Frente José Manuel Martínez Quiroz en el norte del Cesar sobre la Serranía del Perijá, a la par que en el centro y sur sobre ésta misma cordillera afianzaba la presencia del Frente Camilo Torres Restrepo. Por su parte el EPL creó el Frente Norte Ernesto Rojas en la Sierra Nevada de Santa Marta y el M-19 desplegó el Frente Andrés Almarales Manga en el sur del Cesar en la Serranía del Perijá.

Consolidación, crecimiento y expansión (1986-2001): Cabe anotar que esta situación tuvo lugar pese a los procesos de dejación de armas realizados en 1990, primero del EPL y del M-19, y pocos años después, hacia 1994, de un sector del ELN que pasó a ser conocido como la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y que afectó principalmente al Frente José Manuel Martínez Quiroz. En este período las FARC-EP crearon en la Serranía del Perijá dos estructuras: los Frentes 41 Cacique Upar en el norte del Cesar, que capitalizó el trabajo previo que desde unos años antes había realizado la estructura que daría forma al Frente 24 que se creó en el sur de Bolívar, y el 59 Resistencia Guajira (o Wayúu) que primeramente operó en La Guajira; por su parte el ELN creó varias estructuras, a saber: en la Sierra Nevada de Santa Marta a los Frentes Seis de Diciembre, Gustavo Palmesano Ojeda, Francisco Javier Castaño, y en la Serranía del Perijá en La Guajira al Frente Luciano Ariza. Durante un breve lapso operó en la Sierra Nevada de Santa Marta el Frente Virgilio Enrique Rodríguez, un componente del sector no desmovilizado del EPL que no se acogió al proceso de paz y terminó bandolerizado.

NOTA COMPLETA A Q U Í

 

 

 

 

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