Por J. Manuel Arango C.
Jun. 22/21.- Desde ñampiros, jibaros, traquetos, biruñas e infinidad de adjetivos les darían desde los estrados judiciales y parte de la sociedad; si fueran nuestros hijos los “indiciados” o simplemente señalados; pero hoy por ser “hijitos bonitos” de dediparados afines con el régimen, apenas son traviesos que presuntamente envolataron un dinerito
Pues que el Contralor general de la nación Colombia (Suramérica) afirme: “La Contraloría General de la República identificó inconsistencias en giros de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria, así como en la aplicación de subsidios de vivienda urbana de la Ley de Victimas que suman más de 82 mil millones de pesos”, es muy diciente. Si.. Muy disiente porque todas las “ias” en manos del mismo régimen que pareciera no importarle la corrupción, alto grado de criminalidad, desplazamientos, desapariciones o exilio particularmente contra líderes sociales, defensores de los Derechos Humanos, Periodistas y comunicadores independientes…, Jummm, como que algo huele a mal, y no quiero pensar que son palabritas maquillantes, enfocadas al año electoral 2022.
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Los milloncitos esfumados, lógicamente que en mi país Colombia, es apenas un céntimo de peso “descubierto” en las pérdidas por parte de este “héroe anticorrupción” porque las “perdidas” llamadas asi por los “niñitos bonitos” son en billones de millones y casi a diario en el país de las maravillas, y que no pasaran de esas simple recomendaciones no obligantes, como….
“la Contraloría considera que se hace necesario que las entidades nacionales que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas- SNARIV, mejoren sus sistemas de información, y realizar una debida depuración de los datos, así como mejorar las marcaciones para la población víctima, étnica y con enfoque de género, e implementar controles efectivos para la aplicación de los procedimientos y el registro de la información, a fin de evitar riesgos en la pérdida de recursos. Adicionalmente, fortalecer y simplificar la presentación de los registros de los procesos y procedimientos en las bases de datos, a fin de brindar a la ciudadanía mayor transparencia y acceso a la información”
Simultaneo a estas consideraciones del “anticorrupción” se dan, a las víctimas cuando reclamamos la verdad, justicia, reparación integral con garantías de no repetición, reubicación, ayudas humanitarias y particularmente la indemnización una vez proferidos los actos administrativos que tasan el valor en tantos SMLV, de inmediato desde la Dirección Técnica de Reparación de la Unidad para las Víctimas, responden como para sacarle o sacarnos de una con unas condiciones que ahí si son “obligantes”, por ser para nuestro pueblo…
Nunca, se cumplen los “priorizantes” para ser indemnizados….
“usted elevó solicitud de indemnización administrativa, en la que se decidió en su favor (I) reconocer la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizantes, y (II) aplicar el “método técnico de priorización” con el fin de disponer el orden de la entrega de la indemnización” o simplemente le recitan los “inamovibles” de la Resolución 01049 de marzo 15/19, por medio de la cual se “adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización”
Bonito el discurso, muy cachetudo ¿Verdad? Pues claro que le recuerdan el (I), lo verraco es el (II), porque nunca homologan los requisitos priorizantes por algún motivo. Por ejemplo no reconocer las enfermedades huérfanas indicadas en la Resolución 5265 de 2018 del Ministerio de Salud, -como en mi caso-, o lo peor, que las victimas en su mayoría no alcanzan a cumplir los 74 años de edad para poder cumplir con ese “priorizantes” o porque sencillamente si los cumple, entonces no hay presupuesto o porque entre los prioritarios, el turno viene con las victimas del palacio de justicia, ocurridas el 6 de noviembre de 1985 en Colombia hace 36 años, o sea esperemos 36 años más para mi turno.
Claro, que eso lo provocan, para poder robar. ¿Quién?. Los estrados judiciales, lo establecerán algún dia y condenarán probablemente, pero el contralor y demás, solo dicen “se embolataron, desaparecieron tantos dineros, tratando de minimizar el hecho que llamándole por su nombre es Robaron el dinero y solo se limitan como en este caso a decir…
“La CGR continuará con el seguimiento a la política pública de víctimas y lo ordenado en los autos de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, a partir de los cruces y análisis de información sobre subsidios otorgados a población víctima en bases de datos relacionadas con programas de Subsidios de Vivienda de Interés Social Rural, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Devolución de IVA, Restitución de Tierras, entre otros. Así mismo con los cruces de información de bases de datos de SPI, FUT, Sisbén III y IV, SIMAT y PAE, entre otras”.
Roban o extravían, ¿Qué y donde ocurre eso?...
Pues que aunque a medias lo diga el mismo Contralor general de la nación, escuchémosle para saber lo que el mismo régimen nos dice, lo cual espero no salgan los señalados a decir que esto es suspicacia de la oposición, porque lo dicen sus afines o como dicen en la barriada.. sus propios parces o ñeritos.
Dice el Contralor cosas tan degradantes o ruines, como por ejemplo de que se indemnizaron a 493 personas fallecidas, por un valor de $228 millones entre los años 16 al 2018; 135 giros a 68 familias beneficiarias por 78 millones de pesos en las que se evidenció que el nombre del destinatario no coincide con el nombre reportado en la Registradora; 266 giros a 250 familias por 234 millones de pesos en lo que se encontró que el documento del destinatario no se encuentra en la base de datos de la Registradora NEC; 289 registros de giros por valor de $1.941 millones con inconsistencias en el número del documento de identificación; 156 registros, por valor de $801 millones, con el campo documento vacío en la base de indemnización y 10.770 registros de giros cobrados por valor de $56.696 millones que cuentan con fecha de giro o reintegro nula;
207 subsidios de vivienda asignados por 3.055 millones de pesos asignados a personas con fecha de fallecimiento posterior a la entrega; 916 registros de subsidios legalizados de vivienda por valor de $15.596 millones presentan inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario; 13.044 beneficiarios víctimas de desplazamiento forzado cuyo subsidio permanece en cuentas de ahorro programado – CAP en una entidad bancaria por valor de $192.471 millones, lo que permite establecer que estos beneficiarios no han accedido al derecho a la vivienda; que desde 2015 a la fecha se han identificado 1.793.062 familias beneficiarias de ayudas humanitarias con un total de 3.985.301 giros por valor de $2,4 billones.
Ante mi ignorancia, desconozco por completo quien está por encima del contralor y todos los demás, para que le exija actuaciones mas beligerantes y no simplemente corroborar lo que mi querido “Juan Pueblo” viene diciendo por años contra esos criminales y corruptos empotrados dentro del régimen colombiano de que están robándonos o mutilando nuestros derechos; y además, a simplemente decir que “hará seguimiento” ¿seguimiento? Y como para qué? Para la partecita del pastel? Acaso de oficio, el estado colombiano con conocimiento de causa, aunque no hayan denuncias por los ciudadanos de a pie, no debe iniciar investigaciones, judicialización y condenas?
Revitimizacion….
Mientras que a las víctimas, ni un caramelo y si de pronto se da este, es con la más nauseabunda humillación por parte de cualquier funcionario en esas oficinas, que el régimen pareciera no darse por enterado de la corrupción que por allí se da, y sobre todo que a las víctimas se les re victimice poniéndoseles indefinidamente desde su victimización hasta su muerte; a carreras prolongadas y a “exámenes” tortuosos, que lo que más buscan es “rajar” al verdadero destinatario, y así poderse ahorrar estos dineros que la víctima nunca pidió se le regalara; sino que es el resultado de una violencia cruel que nos sacó del hábitat natural donde producíamos para si mismos, nuestras familias y la sociedad en general sin tener que mendigarle a nadie; por lo que el régimen si creó esta situación de no garantizar el derecho a la vida, la democracia participativa los derechos humanos, pues responda cumpliendo con apego de sus mismas leyes y resoluciones que dicen indemnizar, reparar, reubicar, ayudas humanitarias, verdad, justica y no repetición, ¡Carajos!
J. Manuel Arango C.
-Director CLARIN de Colombia
-Defensor de los Derechos Humanos
-Consejero de Comunicación Comunitaria y Alternativa
-Integrante de la Red Internacional de la Comunicación Popular
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