Por J. Manuel Arango C.
Dic. 13/22.-Equivandole a criminales, justicia ideologizada; traquetos en la UNP y la UARIV y que no decir de los Comités, Juntas o Mesas de Víctimas en lo Local, Municipal, Departamental y si la existe, a nivel nacional también en Colombia; donde al parecer para muchas personas en dichas instancias, igual que el sepulturero viven rogándole a sus “dioses o satanaces” para que hayan cada día mas víctimas, ya que gracias a estas, -a nosotros-; pueden algunos de sus integrantes al parecer amasar envidiables fortunas, privilegios, estatus y demás haciéndose una vida muy llena de confort; por lo que deben ser acabadas o reestructuradas en su totalidad, removiendo desde sus atornillados funcionarios y/o representantes, crearse nuevas siglas adscritas al nuevo Ministerio de Reconciliación y Paz, -próximo a crearse en Colombia- dejando a personas por méritos más no por compadrazgos.
Pues que entonces sea de una vez…
Esto generará demasiada urticaria, pero si nos tienen sentenciado de muerte los criminales intolerantes que no aceptan la realidad de un mundo diverso en pensamientos y actuares; pues que se estalle de una vez esta “bomba” de tiempo, en que nos sometieron los regímenes dictatoriales en mi querida Colombia hasta antes del siete de agosto reciente, asesinándonos, desplazándonos, encarcelándonos y aplicándonos toda la combinación de formas de represión contra mi pueblo, por expropiarnos de bienes materiales, censurarnos y a muchos, hasta quitarles su dignidad.
Los “sabañones” en la UNP y la UARIV…
Eso de la camioneta “capturada” recientemente perteneciente a la mal llamada “Unidad Nacional de Protección -UNP-, según por los rumores alrededor de las mismas victimas ahora re victimizadas por esta; es un cuentico de cartelización o carruseles en la forma de adjudicación de contratos para la adquisición del parque automotor hace mucho tiempo; lo que nos podría estar aclarando dudas como por qué para la UNP le es más rentable adquirir en arriendo el parque automotor con destino a los protegidos saliéndole más costoso que adquiridos mediante la compra directa.
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A la “pobre” víctima de la violencia que desgraciadamente se nos ve como un lastre social re victimizándonos mucho más que los de las motosierras cuando minimizan nuestra situación como tal colocándonos en condiciones inferiores a las del mendigo; ni se le indemniza, repara, reubica ni se le participa de las tales “ayudas humanitarias”; y mucho menos se nos garantiza aquello en las rimbombantes resoluciones de la tal “Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” que en adelante denominaré: -UARIV- de la “no repetición, verdad y justicia”; porque sencillamente como los posibles gibaros de la UNP, en esta también los hay y necesitan el presupuesto que tiene para darse el gran confort que ni los que trabajan lícitamente disfrutan, y todo a merced de qué? De re victimizar a un más a las víctimas colocándoles en estado de indefensión y más vulnerables, deambulando por los hogares temporales y eso que muchas veces ni de cuenta de la unidad nal de victimas sino de entidades mutualistas por ahí, que sin recibir presupuestos económicos, hacen lo que otros obligados y mucha plata, no hacen; a lo que se le agrega a aguantar buena hambre, humillaciones, burlescos y sobre todo la estigmatización.
Mesas de Víctimas, los otros sofismas….
Y todo esto se da también, por culpa o complicidad de algunas personas integrantes y atornilladas en esos otros espejismos desde lo local, municipal, departamental o Nacional, denominadas “Mesas de Víctimas de la Violencia”, que cuan alegría nos da a los ambulantes a veces como parias, hambrientos, sedientos y sin techo donde mitigar o reposar nuestro cansado, envejecido o herido cuerpo de tanto caminar o víctima de sus criminales con laceraciones casi que mortales, cuando allá, casi a nuestro desfallecer y caer; vemos esas fachadas con tan rimbombantes letreros o al escuchar al buen vecino indicándonos de la existencia de una de estas en la cuadra o esquina siguiente, donde con el último halo de vida que nos queda corremos hacia allí, encontrando muchas veces, a peores excluyentes que los victimarios iniciales, porque al decir no ser de dicho poblado, o del sector social que representa el personaje que le “atiende” ya “no merece la atención de ahí”
El terror para las víctimas y la desfachatez institucional….
Por los lados de la UNP, como pirañas reciben todos los casos de víctimas con demasiado regocijo, porque saben que eso es un chequecito para la misma y que no decir de las tales compañías u operadores, que en nada o poco invierten en su destinatario natural denominado erróneamente “protegido”, ya que lo inicial es someterlos a una terapia de diligenciamiento de formulario lleno de exageradas preguntas, sino que ahí apenas le inicia el “calvario” ya institucional de nuevo a la víctima obligada a suministrar demasiada información “clasificada” en lo personal a unos tales “analistas” de la Unidad; que vaya a saber quiénes son en sus pasados y presente, tal y como lo afirma la EJP “Unidad Nacional de Protección -UNP- “AGENCIA DE ESPIONAJE” contra la defensa de los DD.HH” y de repeso, esperar que el paquidérmico “Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM-” le realice el estudio de nivel de riesgos que puede tardar hasta un año saliendo en su mayoría según los analistas los “resultados”, como simple paranoia de la víctima, porque “ya se hizo un barrido o copado en el lugar del fulano sin encontrarse presencia de grupos al margen de la ley, ni amenazas; como tampoco la persona fue herida mortalmente o no quedo lisiada etc…” además con un tal acto administrativo con una cantidad de leyes que entregan a la víctima que en muchos casos escasamente sabe defender a vulnerables por el derecho a la vida, mas no sabe ni leer menos sumar, total lo dejan peor que antes con eso de leyes…
Si algo le asignan como urgencia, no es más que un chaleco hasta fuera de su talla, a veces chaleco con un hombre escolta sin nada mas, donde la victima debe pagarle pasajes al escolta, o echar demasiada pata arriesgando aún más su vida ya no por protección de la víctima, sino está cuidando al escolta a que no le roben su arma de dotación. Si estuvo “de buenas” le asignan un vehículo convencional (no blindado) de servicio colectivo, o simplemente le dan solo un botón de pánico o un celular de baja gama con un plan de datos y minutos, condenando ya de manera "institucional" a la victima a muerte, implementadole o quitandole esos mediocres esquemas de "seguridad" mientras los grandes esquemas, son para los amiguis de algunos de los analistas e integrantes del tal CERREM integrada por todos, menos por las vìctimas de la violencia, dándose lo que se está comprobando con la “captura” de vehículos transportando ilícitos, y siendo parte de dotación no a víctimas de la violencia, sino de mismos funcionarios de la UNP.
El burlesco, con las “prioridades” y los desvíos del dinero para indemnizaciones….
La UARIV, se da el lujo de tener un formato respuesta a victimas solicitantes de la paga de esa miserable indemnización que en ningún momento es un regalo del régimen, sino un pago a la misma por no haberle garantizado constitucionalmente el derecho a tener y gozar de una vida digna, tranquila; en el que le dicen, “teniendo en cuenta que en su caso no se acredito una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019, esto es i) tener más de 74 años de edad, o, ii) tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social, o iii) tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud” siendo tan falso como los estudios en UNP, porque se les presenta el certificado de las enfermedades acordes al requerimiento, mas no las tiene en cuenta, como indicando que al futuro, la víctima debe dejarse “totiar” y como pueda acercarse a reclamar, para que compruebe entonces aunque sea alguna discapacidad
(NOTA RELAQCIONADA: La podredumbre de la UNP )
Mientras tanto, y no dicho por este su servidor, sino por una alta instancia de Control como lo pueden verificar en una editorial mía “Robados “más de $82mil millones” de las víctimas.…” donde encontramos la siguiente perlita, mientras usted y yo, víctimas de la violencia como parias por el mundo:
“se indemnizaron a 493 personas fallecidas, por un valor de $228 millones entre los años 16 al 2018; 135 giros a 68 familias beneficiarias por 78 millones de pesos en las que se evidenció que el nombre del destinatario no coincide con el nombre reportado en la Registradora; 266 giros a 250 familias por 234 millones de pesos en lo que se encontró que el documento del destinatario no se encuentra en la base de datos de la Registradora NEC; 289 registros de giros por valor de $1.941 millones con inconsistencias en el número del documento de identificación; 156 registros, por valor de $801 millones, con el campo documento vacío en la base de indemnización y 10.770 registros de giros cobrados por valor de $56.696 millones que cuentan con fecha de giro o reintegro nula; 207 subsidios de vivienda asignados por 3.055 millones de pesos asignados a personas con fecha de fallecimiento posterior a la entrega; 916 registros de subsidios legalizados de vivienda por valor de $15.596 millones presentan inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario; 13.044 beneficiarios víctimas de desplazamiento forzado cuyo subsidio permanece en cuentas de ahorro programado – CAP en una entidad bancaria por valor de $192.471 millones, lo que permite establecer que estos beneficiarios no han accedido al derecho a la vivienda; que desde 2015 a la fecha se han identificado 1.793.062 familias beneficiarias de ayudas humanitarias con un total de 3.985.301 giros por valor de $2,4 billones”.
Omisión o complicidad en las Mesas de Victimas de la violencia….
Si las “Mesas de Víctimas de la violencia” –o como las quieran denominar- actuaran en concordancia para lo que fueron integradas, fuera mucha la bulla que hicieran ante los estrados judiciales, Medios de Comunicación, y sobre todo ante las mismas víctimas que tan solo nos toca ver el glamur de algunas de esas personas, muy dediparaditos, con maní quiur o manicure -y hasta de otra cosa-, los mejores licores, universidades para sus descendientes, vehículos, esquemas de seguridad, que siendo víctima como usted o yo, serán de verdad víctimas para darse esos lujos y como obtienen esos recursos, cuando algo que sufre la víctima es no poder ejercer su profesión, no poder retornar a su terruño y cada día en peores condiciones de vida al no poder laborar y ganarse con su propio esfuerzo, el pan de cada día.
Soluciones posibles….
El Presidente Gustavo Petro, en su campaña y que la mayoría respaldamos, fue la lucha frontal contra la corrupción provenga de donde provenga, así caigan de los “nuestros” y en estos casos y sin más preámbulos debe intervenir estas instituciones como la UNP, acabar de una con las tales compañías u operadores de la misma; a la “UARIV” vinculando directamente tan solo al personal de estas que por méritos den la “talla” y con salarios y jornadas de trabajo justos a la nueva instancia; y las mismas Mesas de Víctimas de la violencia, dándoles nuevo cuerpo con “material joven” sin resabios, ni “goteritas” en sus estructuras: No girar los recursos para las víctimas a esas instancias sino a los directos beneficiarios como las indemnizaciones, reparaciones, ayudas humanitarias, reubicaciones reduciendo además los tiempos para estos desembolsos y asignándoles presupuesto económico; y la adquisición directa -no rentando más- del parque automotor blindado y los demás accesorios para la implementación integral de los esquemas de seguridad; y que por ningún motivo en el estudio de nivel de riesgos de las victimas tarden más de dos meses y que no lo realicen personas cuestionadas con pendientes judiciales, ni pensionados de la policía o del ejército, que ya de hecho inspiran demasiada desconfianza.
*Director fundador CLARIN de Colombia,
-Defensor de los Derechos Humanos
-Integrante de la Red Internacional de Comunicación Popular,
-Consejero de Comunicación Comunitaria y Alternativa,
-Representante por sector TIC, ante Mesa Distrital de Comunicación
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